Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026. Por MITIGA.
La temporada de lluvias y ciclones de 2026 llegó con una advertencia clara. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) proyectó una actividad ciclónica cerca de 38% superior a lo habitual, con un rango de 18 a 21 sistemas en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico. Para mediados de temporada, el seguimiento del Servicio Meteorológico Nacional ya contabilizaba nueve ciclones con nombre en el Pacífico mexicano. El punto de fondo, sin embargo, no es cuántos ciclones se forman. Es que México construyó su exposición mucho antes de que llegara la primera tormenta.
El costo no espera a un gran huracán
Existe la idea de que el desastre solo llega con un huracán mayor. Los números dicen otra cosa. De acuerdo con la AMIS, 2025 cerró con siniestros hidrometeorológicos por 11 mil 300 millones de pesos, un aumento de 70% frente a 2024 y la segunda cifra más alta en cinco años, y todo esto sin un huracán catastrófico de por medio. El episodio más costoso fue una zona de baja presión en el Golfo, en octubre, que dejó cerca de 5 mil 600 millones de pesos en pérdidas aseguradas. De esa cantidad, alrededor de 3 mil 245 millones correspondieron a empresas e infraestructura. La lluvia intensa, sin nombre y sin categoría, ya es un riesgo de negocio de primer orden.
Visto en el tiempo, el patrón se confirma. En una década, las aseguradoras pagaron 79 mil 800 millones de pesos por daños hidrometeorológicos, cerca de 22 millones de pesos diarios, y casi tres de cada cuatro pesos correspondieron a ciclones tropicales. La AMIS estima que el 68% de la población del país, alrededor de 90 millones de personas, vive en zonas expuestas a este tipo de fenómenos.
El sector privado: expuesto y subprotegido
Para las empresas, el problema no es solo el golpe físico, sino la brecha de protección. La cobertura voluntaria de vivienda en México apenas alcanza el 8% cuando no hay un crédito hipotecario de por medio, con contrastes tan amplios como el 70% de Nuevo León frente al 6.5% de Oaxaca. En el tejido empresarial, las micro, pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables: concentran empleo y proveeduría local, operan con márgenes estrechos y suelen carecer de un plan de continuidad o de una transferencia de riesgo adecuada. Una inundación que cierra una nave, un almacén o un comercio durante días no destruye únicamente activos: interrumpe ingresos, cadenas de suministro y salarios. La recuperación, cuando no hay seguro ni plan, se mide en meses.
El sector social: quien menos tiene, absorbe más
El costo humano no se reparte por igual. La organización humanitaria CADENA calcula que los desastres hidrometeorológicos han generado daños por 88 mil 910 millones de pesos, cerca del 0.3% del producto interno bruto, y advierte que se trata de una crisis financiera, no solo de un fenómeno climático. En el último año atendió a 102 mil 364 personas, más de 40 mil de ellas por emergencias vinculadas al agua en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y Nayarit. Las comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia o del comercio local son las que menos capacidad tienen de recuperarse tras una pérdida total. Son, casi siempre, las que viven donde nadie más quiso vivir.
Un cambio de fondo: quién paga la reconstrucción
A este panorama se suma un cambio estructural que muchos aún no dimensionan. Desde 2021, México ya no cuenta con el Fondo de Desastres Naturales. La atención de emergencias depende ahora del Presupuesto de Egresos anual, del orden de 18 a 19 mil millones de pesos, y de un seguro catastrófico del propio gobierno que se duplicó hasta cerca de 10 mil 400 millones de pesos, con coberturas paramétricas que se activan ante eventos de cierta magnitud. Es una herramienta valiosa, pero insuficiente por sí sola frente a estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, expuestos por ambos litorales. La consecuencia es directa: la reconstrucción dejó de estar blindada y la responsabilidad se comparte, quiérase o no, entre el sector público, el privado y el social.
De la reacción a la resiliencia
La buena noticia es que la parte más cara del desastre es evitable, y no depende solo del presupuesto federal. Para las empresas, tres medidas cambian el resultado:
- Un plan de continuidad de operaciones que defina qué procesos no pueden detenerse y cómo sostenerlos.
- Una transferencia de riesgo a la medida de su exposición real.
- La protección de sus puntos únicos de falla, desde la energía y el agua hasta sus proveedores críticos.
Para el sector social, la evidencia es igual de clara: la ayuda preposicionada, el monitoreo temprano y la articulación con el sector privado aceleran la recuperación y reducen el costo humano. Ese es, precisamente, el modelo de colaboración que impulsa el CENACED.
Gobernar el riesgo de desastres no es un asunto de suerte ni una temporada que se aguanta. Es una decisión que se toma antes de la lluvia. La temporada 2026 seguirá su curso; la pregunta para cada empresa y cada organización es si llegará a la próxima tormenta habiendo medido su exposición, o esperando, otra vez, que la factura la pague alguien más.
MITIGA es una consultoría especializada en gestión integral del riesgo de desastres y continuidad de operaciones. mitigariesgos.com · LinkedIn
Fuentes: AMIS (comunicados de enero y junio de 2026); CADENA, análisis de la temporada de lluvias 2026; Servicio Meteorológico Nacional, pronóstico de la temporada de ciclones 2026; información pública sobre la extinción del FONDEN y el presupuesto federal para la atención de desastres.
